El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, resultó muerto en un atentado con explosivos perpetrado contra el edificio de la ONU en Bagdad el 19 de agosto de 2003, casi diez años después de la creación de la Oficina del Alto Comisionado, a la que se encomendó la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo.

Mientras uno de los más destacados defensores de los derechos humanos en el ámbito internacional yacía muerto entre los escombros, el mundo tenía buenas razones para preguntarse cómo era posible que la legitimidad y credibilidad de la ONU se hubieran deteriorado de un modo tan fatídico. Ignorada en la guerra de Irak, marginada después del conflicto, acusada de rendirse a la presión de los Estados poderosos, la ONU parecía prácticamente paralizada en sus esfuerzos para obligar a los Estados a responder de su observancia del derecho internacional y de su actuación en el campo de los derechos humanos.

En ese momento era lógico preguntarse si los sucesos de 2003 habían asestado también un golpe mortal a esa concepción de la justicia global y de la universalidad de los derechos humanos que había sido el primer motivo de inspiración para la creación de instituciones globales como la ONU. Si los gobiernos se sirven de los derechos humanos como un manto que se puede utilizar o desechar en función de intereses políticos, ¿cabe confiar en la capacidad de la comunidad internacional de Estados para hacer realidad esa concepción? ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional de ciudadanos para rescatar los derechos humanos de entre los escombros?

La respuesta llegó la misma semana en que se produjo el atentado contra la oficina de la ONU, cuando en México un grupo de mujeres ganó la primera batalla de la lucha encaminada a obtener justicia para sus hijas asesinadas. Marginadas y pobres, habían luchado durante diez años para llegar tan lejos; pero, al final, obligaron al presidente mexicano Vicente Fox y a las autoridades federales a tomar cartas en el asunto. Yo estaba con las madres de Ciudad Juárez cuando llegó la noticia de esta victoria. No olvidaré jamás la alegría dibujada en sus rostros y su gratitud a los miles de personas de todo el mundo cuyos esfuerzos habían contribuido a hacer realidad semejante cambio. Una red mundial de solidaridad internacional había globalizado su lucha. Mientras las miraba, comprendí cuántas cosas se pueden lograr en favor de los derechos humanos gracias a ese espacio virtual y dinámico que forma la sociedad civil global.

Son muy grandes los desafíos a los que se enfrenta hoy el movimiento global en favor de los derechos humanos. Como activistas, debemos afrontar la amenaza que representan los actos despiadados, crueles y criminales cometidos por individuos y grupos armados. Tenemos que resistir la reacción contra los derechos humanos producida por la aplicación resuelta de una doctrina de seguridad global que tiene al mundo profundamente dividido. Y debemos luchar para remediar la inoperancia de los gobiernos y de la comunidad internacional en el cumplimiento de las exigencias de justicia social y económica.

La tragedia de Bagdad fue un claro recordatorio (aunque en modo alguno el único) de la amenaza global que representan los que están dispuestos a emplear cualquier medio para avanzar en sus objetivos políticos. Condenamos sus actos de forma inequívoca. Son culpables de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, en algunos casos equiparables a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Deben ser juzgados, pero —y en este punto nos distanciamos de algunos gobiernos— siempre de acuerdo con las normas del derecho internacional. Los derechos humanos rigen tanto para los mejores como para los peores de nosotros, para los culpables como para los inocentes. La negación de juicios justos es un abuso contra los derechos fundamentales y amenaza con convertir en mártires a los delincuentes. Por eso exigimos que se juzgue a Sadam Husein de acuerdo con las disposiciones del derecho internacional. Por eso nos oponemos a que los detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, sean juzgados por comisiones militares cuyos procedimientos no cumplen las normas internacionales.

El camino hacia una seguridad viable pasa de forma ineludible por el respeto a los derechos humanos. El programa de seguridad global divulgado por la administración estadounidense está falto de principios y desprovisto de perspectiva. La política de sacrificar los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, cerrar los ojos a los abusos en el resto del mundo y utilizar de forma preventiva la fuerza militar donde y cuando convenga no ha aumentado la seguridad ni garantizado la libertad.

Contemplemos la creciente rebelión en Irak, el caos cada vez mayor en Afganistán, la interminable espiral de violencia en Oriente Medio y Próximo, la avalancha de atentados suicidas en ciudades populosas de todo el mundo. Pensemos en la constante represión de los uigures en China y de los islamistas en Egipto. Imaginemos el alcance y la magnitud de la impunidad que ha caracterizado a las flagrantes violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario en los conflictos “olvidados” de Chechenia, Colombia, la República Democrática del Congo y Nepal, es decir, olvidados por todos, salvo por los que sufren día a día sus peores consecuencias.

El uso de un doble lenguaje desacredita los derechos humanos, pero es, por desgracia, un fenómeno corriente. Estados Unidos y sus aliados aseguraron que hacían la guerra de Irak para proteger los derechos humanos; sin embargo, menoscabaron abiertamente los derechos humanos con el fin de ganar la “guerra contra el terror”. Quienes emprendieron la guerra de Irak afirmaron que lo hacían para reducir la amenaza de las armas de destrucción masiva, pero el mundo está lleno de armas convencionales y pequeñas que matan a más de medio millón de personas al año. Para empeorar las cosas, con el pretexto de librar la denominada “guerra contra el terror”, muchos países han relajado los controles de exportación de armas a gobiernos conocidos por su nefasto historial en materia de derechos humanos, como Colombia, Indonesia, Israel y Pakistán. Tanto en situaciones de guerra como de paz, el comercio incontrolado de armas representa un peligro mayor para todos nosotros.

Irak y la “guerra contra el terror” han oscurecido el mayor desafío al que se enfrentan los derechos humanos en nuestra época. Según algunas fuentes, los países en desarrollo gastan en armas unos 22.000 millones de dólares estadounidenses al año, cuando, con 10.000 millones de dólares anuales, podrían disfrutar de educación primaria universal. Estas cifras esconden un enorme escándalo: la promesa fallida de luchar contra la pobreza extrema y reparar las flagrantes injusticias sociales y económicas.

Según algunos analistas, existe un peligro real de que el desvío de recursos y de la atención internacional hacia la “guerra contra el terror” impida lograr las metas establecidas por la ONU en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la disminución de la mortalidad infantil y materna, el acceso de todos los niños a la educación primaria o la reducción a la mitad del número de personas que no disponen de agua potable.

Los pobres y marginados, que son a quienes se niega con mayor frecuencia el acceso a la justicia, serían los que se beneficiarían más de una aplicación justa de la ley y de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar del alcance cada vez mayor del discurso sobre la indivisibilidad de los derechos humanos, en la práctica no se presta la debida atención a los derechos económicos, sociales y culturales, con lo que los derechos humanos quedan reducidos a un constructo teórico para la gran mayoría de la población mundial. No es una mera casualidad que en la guerra de Irak -parezca haberse dado mayor prioridad a la protección de los pozos de petróleo que a la de los hospitales.

Tampoco resulta sorprendente que las grandes empresas puedan hacer lo que quieran y salirse con la suya, o no hacer lo que deberían hacer, alegando que no existen unas leyes que definan claramente sus responsabilidades o les pidan cuenta de sus actos respecto de los derechos humanos. Las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas en la Esfera de los Derechos Humanos, aprobadas en 2003, constituyen un paso adelante en la regulación de las responsabilidades empresariales, pero por desgracia han sido objeto de ataques simultáneos por parte de empresas y gobiernos.

Con este telón de fondo de abusos, impunidad, hipocresía y doble rasero, ¿qué podemos hacer para suscitar el compromiso con los derechos humanos?

Podemos mostrar que los derechos humanos ofrecen una imagen vigorosa y convincente de un mundo mejor y más justo y que constituyen la base de un plan concreto para conseguirlo. Los derechos humanos dan esperanza a mujeres como la nigeriana Amina Lawal, cuya pena de muerte fue revocada como consecuencia del respaldo multitudinario que recibió su caso. Proporcionan un instrumento a defensores de los derechos humanos como Valdenia Paulino en su lucha contra la brutalidad policial en las favelas de la ciudad brasileña de São Paulo. Dan voz a los que nada pueden: al preso por razones de conciencia, al preso de la violencia y al preso de la pobreza.

En épocas de incertidumbre el mundo necesita luchar no sólo contra las amenazas globales, sino también por la justicia global. Los derechos humanos son un estandarte capaz de movilizar a personas de todo el mundo en favor de la justicia y de la verdad. Gracias al trabajo de miles de activistas en Latinoamérica, la opinión pública se está volviendo contra el imperio de la impunidad en la región. A pesar de la cruzada emprendida por Estados Unidos para menoscabar la justicia internacional y garantizar la inmunidad judicial de sus ciudadanos en todo el mundo, la Corte Penal Internacional ha nombrado ya un fiscal y ha empezado a trabajar a pleno rendimiento. Poco a poco, los tribunales estadounidenses y británicos han comenzado a examinar los intentos de sus gobiernos para restringir los derechos humanos en su “guerra contra el terror”.

Los derechos humanos representan una garantía de igualdad y equidad para millones de mujeres de todo el mundo. Recientes cambios legislativos en Marruecos abrirán un capítulo nuevo en la igualdad de género en la región. El reconocimiento de la importancia de los derechos humanos en la universalización de la lucha de las mujeres ha llevado a miembros de Amnistía Internacional a cooperar con activistas de los derechos de la mujer y muchas otras personas para luchar globalmente con el fin de acabar con la violencia contra las mujeres. Pedimos a líderes, organizaciones y particulares que se comprometan públicamente a cambiar de mentalidad y a erradicar leyes, sistemas y actitudes que permiten la violencia contra las mujeres.

Defender los derechos humanos es cambiar el mundo para mejor. Utilizando el poderoso mensaje de los derechos humanos, Amnistía Internacional ha iniciado una campaña conjunta con Oxfam y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA) con objeto de conseguir un control global de este tipo de armas. A quienes afirman que no logrará su objetivo, les recordamos las alianzas que condujeron a la prohibición de las minas terrestres y a la creación de la Corte Penal Internacional. Mediante una combinación de presión pública y apoyo gubernamental, estamos decididos a cambiar la situación.

Aunque en este informe celebramos estos y otros logros, no hemos permitido que oscurezcan la persistencia de desafíos cuya realidad es evidente. Vivimos en un mundo peligroso y dividido, donde cada día se pone a prueba la pertinencia de los derechos humanos, se cuestiona la legitimidad de los activistas y aumenta el “déficit de responsabilidad” de gobiernos, instituciones internacionales, grupos armados y agentes empresariales. Precisamente en un mundo así, necesitamos una sensibilidad mayor que diga: “Esta situación tiene que acabar. Las cosas deben cambiar”.

No hay comunidad internacional más fuerte que la sociedad civil global. Junto con sus miembros y aliados en el movimiento en favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional se ha comprometido a reavivar y revitalizar la concepción de los derechos humanos como un poderoso instrumento en la consecución de cambios concretos. A través de las voces y perspectivas de millones de hombres y mujeres, llevaremos adelante el mensaje de los derechos humanos.